Todo socio de la OEPR se compromete a respetar los siguientes principios en cada salida de prospección:
En España, todo hallazgo casual de un bien que pueda interesar a la arqueología, la historia o el arte debe comunicarse a la administración. Este es el procedimiento a seguir:
Rellene esta ficha oficial de la OEPR, destinada a la Consejería de Cultura de su Comunidad Autónoma. Una vez completada, se genera automáticamente un PDF listo para imprimir y firmar; recuerde acompañarlo de un extracto cartográfico, un extracto catastral y fotografías del hallazgo.
Si ha realizado un hallazgo y desea que le acompañemos en su declaración, contacte con la organización:
Este recordatorio resume las principales referencias normativas aplicables en España. Tiene una finalidad meramente informativa y no sustituye a los textos legales vigentes, que pueden evolucionar y varían según la Comunidad Autónoma. En caso de duda, infórmese ante la Consejería de Cultura competente antes de cada salida.
Es la norma estatal de referencia. Considera como excavaciones o prospecciones arqueológicas las remociones de tierra y las exploraciones superficiales dirigidas al descubrimiento de restos históricos, y las somete a autorización de la administración competente. Las realizadas sin esta autorización se consideran ilícitas.
Los objetos arqueológicos descubiertos por azar son bienes de dominio público. El descubridor debe comunicar el hallazgo a la administración competente y entregarlo cuando se le requiera; la ley prevé un premio en metálico para el descubridor y el propietario del terreno cuando se cumplen estas obligaciones.
Cada Comunidad Autónoma tiene su propia ley de patrimonio cultural. Muchas exigen una autorización expresa para el uso de detectores de metales, y algunas aplican regímenes especialmente estrictos (por ejemplo, Andalucía). Consulte siempre la normativa de la comunidad donde vaya a practicar.
La detección está prohibida en los yacimientos arqueológicos, los Bienes de Interés Cultural y sus entornos protegidos, los espacios naturales protegidos, y en cualquier terreno privado sin el consentimiento previo del propietario.
Las infracciones a la legislación de patrimonio pueden dar lugar a sanciones administrativas y, en los casos más graves (expolio, daños a yacimientos), a responsabilidades penales según el Código Penal.